Basándose en el éxito del sistema de Indicaciones Geográficas (IG) para el vino, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas, en abril de 2022 la Comisión Europea (CE) publicó una propuesta de Reglamento por el que se establece por primera vez un sistema de protección a escala europea para los productos artesanales e industriales (AI) con indicación geográfica. El sistema abarca una amplia gama de productos, como piedras naturales, objetos de madera, joyería, textiles, encajes, cuchillería, vidrio, porcelana y cuero.
Tras un acuerdo interinstitucional informal alcanzado la pasada primavera, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta, al igual que el Consejo. El nuevo reglamento entrará en vigor dos años después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
El objetivo de esta propuesta legislativa es remediar la falta de un marco jurídico europeo común para las indicaciones geográficas no agrícolas. Hasta ahora, la heterogeneidad de los sistemas nacionales, cuando existen, y la falta de reconocimiento mutuo han debilitado el potencial de estos productos. En particular, la mayoría de estos productos manufacturados proceden de zonas rurales, lo que representa una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo de sus territorios de origen.
Un estudio de 2019 del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) estimó que la introducción de la protección de las IG en toda la UE para los productos artesanales e industriales tendría un efecto positivo en el comercio, el empleo y el desarrollo rural durante un período de unos 20 años después de su aplicación. Un sistema de protección de este tipo habría supuesto un aumento global del comercio intracomunitario de entre el 4,9 y el 6,6% de las exportaciones actuales (37.600-50.000 millones de euros) en los sectores más relevantes, un incremento del empleo regional de entre el 0,12 y el 0,14% y la creación de unos 300.000 nuevos puestos de trabajo en toda la UE. Además, debería contribuir al desarrollo rural apoyando a los productores locales de calidad, diversificando las economías rurales (por ejemplo, a través del turismo) y permitiendo a los productores locales organizarse colectivamente.
Además, el nuevo sistema aprobado a nivel de la UE otorgará a estos productos protección en los acuerdos comerciales de la UE, una ventaja antes reservada a los productos agrícolas con indicación geográfica. Este avance fue un paso clave tras la adhesión de la UE al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
El nuevo Reglamento se basa en el actual sistema de indicaciones geográficas de los productos agrícolas, pero adaptado a las características específicas de los productos artesanales e industriales. Abarcará las indicaciones geográficas protegidas (IGP), que podrán etiquetarse, con carácter voluntario, con el mismo logotipo europeo que se utiliza actualmente para las IGP agroalimentarias de la UE.
Prevé un procedimiento de registro en dos fases, a nivel nacional y luego a nivel europeo a través de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO). Los Estados miembros pueden optar por crear una autoridad nacional de registro o delegar el procedimiento en la EUIPO.
Las autoridades nacionales realizarán controles y garantizarán que los productos se comercializan de acuerdo con sus especificaciones. Esto también se aplicará a los productos vendidos en línea.
En cuanto a los controles, el sistema prevé organismos de certificación, como en el caso de las IG alimentarias, pero también introduce la novedad de una autodeclaración que los productores deben presentar a la autoridad competente antes de comercializar el producto. Esta autodeclaración debe demostrar que el producto se ajusta al pliego de condiciones.
Además, este reglamento establece normas de protección estrictas, reflejo de las que existen para las IG agrícolas. Aborda las cuestiones que se están debatiendo en el proceso de revisión de las IG agroalimentarias relacionadas con las plataformas en línea y las competencias y responsabilidades de protección otorgadas a las agrupaciones de productores.
En conclusión, al igual que en la propuesta de revisión de las IG agroalimentarias, los aspectos de sostenibilidad se tienen en cuenta en el nuevo reglamento, a través de un enfoque voluntario y flexible. De hecho, se prevé la posibilidad de que las agrupaciones de productores acuerden compromisos de sostenibilidad.
Esto debe considerarse como el primer paso de un sistema completamente nuevo, para evitar la normalización de la sostenibilidad o un enfoque único, ya que cada cadena de valor tiene sus propias especificidades y habrá que tener en cuenta la diversidad de productos y organizaciones para las IG.
